El PP considera "inaudita" la maniobra que ignora el veto del Senado a la reforma legal que beneficia a etarras

La reciente maniobra de Francina Armengol para avanzar en la reforma legal conocida como Ley Txapote, a pesar del veto del Senado, ha generado un considerable revuelo en el ámbito político español. Según la información de Ricardo Rodríguez en COPE, esta acción ha sido calificada como "inaudita" por el Partido Popular, que no ha tardado en expresar su rechazo a lo que considera una violación del proceso legislativo.

La controvertida ley, que se interpreta como un beneficio para los etarras, ha levantado ampollas no solo en la oposición, sino también en sectores de la población que ven en ella un atentado contra la memoria de las víctimas del terrorismo. Consciente de la controversia que rodea a esta reforma, Armengol ha decidido acelerar el proceso de envío de la normativa al Boletín Oficial del Estado (BOE), lo que permitiría su entrada en vigor sin un debate adecuado en el Congreso.

Para llevar a cabo esta maniobra, Armengol ha recurrido a su letrado mayor, Fernando Galindo, quien ha emitido un informe verbal que justifica el envío inmediato del proyecto, omitiendo el necesario dictamen jurídico que el Senado había elaborado sobre el asunto. Este dictamen había establecido que el veto se produjo fuera de plazo, un aspecto que la presidenta del Congreso ha decidido ignorar en su prisa por avanzar con la reforma.

El hecho de que Galindo no haya proporcionado un informe por escrito ha levantado críticas sobre la transparencia y la legalidad del proceso. La falta de un análisis jurídico formal deja en el aire la validez de la decisión, lo que ha generado aún más desconfianza en el ámbito político. El PP ha argumentado que esta acción no solo es apresurada, sino que también carece de fundamento legal, por lo que no debería ser aceptada.

La maniobra

En la mesa de la Cámara, la decisión de seguir adelante con la reforma fue apoyada por la mayoría de los grupos de PSOE y Sumar, quienes parecen dispuestos a forzar la aprobación de la ley a pesar de la oposición y el veto senatorial. El Partido Popular, por su parte, ha invocado la voluntad soberana de la mayoría absoluta del Senado, argumentando que el respeto a las instituciones y a los procedimientos debe prevalecer en cualquier proceso legislativo.

La respuesta del PSOE ha sido contundente, acusando a Pedro Rollán, presidente del Senado, de incumplir la ley al obstaculizar el avance de la reforma. La tensión entre los dos cuerpos legislativos ha aumentado, evidenciando la fractura política que esta ley ha generado. Los socialistas han señalado que la actitud del PP no solo tensa el sistema parlamentario, sino que también muestra una falta de respeto hacia las decisiones tomadas en la Cámara Baja.

Mientras tanto, Pedro Rollán está preparando una respuesta a esta situación. La intención del presidente del Senado es defender su actuación y asegurarse de que la comunicación oficial del Congreso respete los procedimientos establecidos. Su postura sugiere que no está dispuesto a ceder ante lo que considera un atropello a la legalidad y al respeto por las instituciones.

El contexto de esta controversia es especialmente delicado, ya que la Ley Txapote toca fibras sensibles en la memoria colectiva de España, vinculada a los efectos del terrorismo en la sociedad. Las críticas al avance de esta reforma no solo provienen del Partido Popular, sino también de diversas asociaciones de víctimas del terrorismo, que ven en estas medidas un insulto a aquellos que han padecido las consecuencias del terrorismo.

"Inaudita"

La maniobra de Francina Armengol para avanzar en la Ley Txapote, ignorando el veto del Senado, ha suscitado una amplia controversia política y social. La decisión de enviar la reforma al BOE sin un informe jurídico formal ha sido tachada de "inaudita" por el Partido Popular, que defiende el respeto a los procesos legislativos y a la voluntad soberana de la Cámara Alta.

Con un clima político cada vez más tenso, esta situación pone de relieve las profundas divisiones en el panorama político español, así como la necesidad de abordar con responsabilidad y respeto las reformas que afectan a la memoria y a los derechos de las víctimas del terrorismo.