¿Qué pasa con la situación judicial de Puigdemont si indultan a los presos independentistas?

El Gobierno allana el escenario de los indultos a los políticos independentistas condenados por sedición por el 1-O, aunque todavía no hay un pronunciamiento taxativo al respecto. Según ha anunciado Salvador Illa esta semana en el programa de Carlos Herrera tras el principio de acuerdo entre ERC y JxCat para desbloquear la investidura de Pere Aragonès, el Gobierno estudiará las peticiones porque "estas personas no tienen que tener ningún perjuicio ni ningún privilegio por ser quienes son".

Precisamente, el Tribunal Supremo ya se ha dirigido al líder de ERC Oriol Junqueras y al resto de políticos independentistas condenados para preguntarles si consideran que deberían beneficiarse del indulto que se encuentra en la actualidad en plena tramitación. Pero Junqueras, Bassa, Romeva y Forcadell no han respondido a la petición del alto tribunal, que debe emitir el preceptivo informe sobre la medida de gracia particular presentada para los 12 condenados.

En un comunicado emitido por la formación independentista alegan que no darán respuesta al alto tribunal porque "la ley no lo prevé y porque no es de obligado cumplimiento". Asimismo, Junqueras, Bassa, Romeva y Forcadell aseguran que "es la primera vez que el Supremo reclama una petición de estas características" y que, "si lo hace ahora, es por cuestiones meramente políticas".

Sin embargo, la Sala que los enjuició, presidida por Manuel Marchena, les da audiencia para que se pronuncien puesto que la solicitud de indulto no fue solicitada por ellos sino que fue promovida por terceras personas e instituciones.

Por el momento, la Fiscalía ya se ha mostrado contraria a la concesión de los indultos por la “enorme gravedad de los hechos y la más que acreditada proporcionalidad de las penas impuestas”. Por su parte, la Abogacía del Estado ha evitado pronunciarse sobre los indultos porque "corresponde al Gobierno", por lo que la pelota está en manos del Ejecutivo de Sánchez.

PUIGDEMONT, PENDIENTE DEL TJUE

Distinta es la situación de Puigdemont, que no fue juzgado por el Tribunal Supremo tras fugarse de España. Aunque el Parlamento Europeo le haya retirado la inmunidad, tanto a él como a los exconsejeros Toni Comín y Clara Ponsatí, eso no ha implicado su entrega a España para ser enjuiciados, como había reclamado el alto tribunal.

De hecho, la decisión sigue en manos de Bélgica, si bien el tribunal español ha pedido la implicación de la justicia europea ante el temor de que la belga rechace entregar al expresidente catalán con los mismos argumentos que ya esgrimió para denegar la entrega del exconsejero Lluís Puig. En su momento, dijo que el Supremo español no era el órgano competente para juzgar el caso, sino que debía hacerlo un tribunal de esa comunidad; y que no había garantías de que el alto tribunal español fuera a respetar los derechos fundamentales, entre ellos, la presunción de inocencia de los líderes independentistas.

Por lo pronto, el magistrado Pablo Llarena ha enviado un escrito al TJUE donde defiende su competencia para actuar contra Puigdemont, lo que ya han avalado el propio Supremo y el Tribunal Constitucional. El TJUE ya ha admitido a trámite la cuestión prejudicial planteada por el magistrado.

Con las respuestas del TJUE, Llarena decidirá si mantiene, retira o emite nuevas euroórdenes respecto a Lluis Puig, Carles Puigdemont, Antoni Comín, Clara Ponsatí y Marta Rovira, contra quienes se sigue procedimiento por delitos de sedición, malversación de caudales públicos o desobediencia.