El TC rechazará la recusación del PP para apartar a cuatro magistrados del recurso a la ley del aborto

El Tribunal Constitucional ha rechazado en su Pleno de este martes la decisión de la magistrada Concepción Espejel de apartarse de la deliberación sobre el recurso presentado por el PP en 2010 contra la ley del aborto del Gobierno de José Luis Rodríguez-Zapatero, al considerar que, aunque formó parte del Consejo General del Poder Judicial que informó el borrador de la norma, se trata de un criterio expresado "hace más de 12 años". Un camino que seguirán las recusaciones de 5 de los 71 diputados 'populares' que firmaron el recurso de inconstitucionalidad hace casi 13 años, entre ellos el exministro Federico Trillo, contra cuatro magistrados (Cándido Conde-Pumpido, Juan Carlos Campo, Inmaculada Montalbán y Espejel).

La principal razón es que, de salir adelante, no habría 'quorum' para resolver. Las fuentes de la corte de garantías avanzan a COPE que el Constitucional aplicará su reiterada doctrina para evitar la falta de 'quorum'. A ello suman que las razones alegadas no tienen la fuerza suficiente para poner en duda la imparcialidad de estos cuatro magistrados.

Una vez superado el escollo de las recusaciones y la abstención, la ahora mayoría progresista del TC es partidaria de declarar constitucional la ley del aborto en toda su extensión, de acuerdo con las citadas fuentes. De ser así, se podría producir un cambio de ponente. Llegado el caso, Arnaldo podría ajustar su borrador a lo manifestado por el Pleno o renunciar directamente a la ponencia. El presidente también podría retirarle del asunto para encargarlo a otro magistrado. Su propuesta valida casi la totalidad de la ley del aborto, planteando solo su inconstitucionalidad respecto al artículo 17, al considerar que no garantiza suficientemente que haya un consentimiento informado por parte de la mujer.

Campo y Díez

Espejel y Montalbán fueron vocales del CGPJ que redactó un informe sobre la ley; Conde-Pumpido era fiscal general cuando el Consejo Fiscal emitió su informe y Campo era secretario de Estado de Justicia, que fue el Ministerio que redactó la ley. El Tribunal Constitucional sí aceptó las abstenciones de Juan Carlos Campo de siete asuntos a resolver por el Pleno por su relación personal con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, y por su condición de exministro de Justicia y de Laura Díez por un recurso de Vox que afecta a la ley y al decreto ley que evita la aplicación del 25 % del castellano en Cataluña.