El volantazo del Sáhara, el último de una larga lista de roces entre PSOE y Podemos

Semana complicada para el Gobierno ante el viraje de Pedro Sánchez sobre el Sáhara Occidental, un hecho que puede llegar a complicarle esta segunda mitad de la legislatura. La unión de la coalición entre PSOE y Podemos vive su momento de mayor incertidumbre justo cuando aún resuena el eco de las manifestaciones del mundo rural del pasado domingo y ante la amenaza de una huelga total por parte de los transportistas que termine paralizando a España.

En todo caso, las divisiones en el seno del Consejo de Ministros parecen recrudecerse conforme avanza esta XIV legislatura. Sin embargo, el presidente del Ejecutivo parece decidido a que este cambio de postura histórico en la cuestión del Sáhara pueda solventarse sin consecuencias, como se ha hecho con otros conflictos internos. Encontrar un equilibro que se antoja imposible y pactar sus diferencias.

Mientras Argelia ha llamado a consulta a su embajador bajo una hipotética “sorpresa” por parte del Gobierno español, que según La Moncloa había avisado al argelino de la operación, el ministro de Exteriores de China, Wang Yi, ha criticado implícitamente a España recriminándole que “ciertos países se preocupan por juegos geográficos”. Unas declaraciones auténticamente reveladoras del impacto que este giro de 180 grados sobre la tradicional posición de España respecto a su antigua colonia podría tener en la escena internacional.

El choque entre PSOE y Podemos, una vez más, se ha evidenciado. No obstante, el ala morada del Gobierno no contempla por el momento romper la coalición. De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, se atrevió ayer a elevar el tono contra Sánchez por la carta que éste escribió al rey Mohamed VI de Marruecos confesándole que el plan de autonomía de Rabat para el Sáhara, presentado en 2007, es “la base más seria, realista y creíble” para la resolución de la crisis. “Las grandes cuestiones de fondo, en un Gobierno de coalición, tienen y deben ser compartidas, máxime ante una decisión de tal calibre”, explicó Díaz mientras descartaba una ruptura del Ejecutivo.

Como en afrentas anteriores, el exvicepresidente del Gobierno y fundador de Podemos, Pablo Iglesias, se ha inmiscuido en la relación que él mismo auspició entre los dos partidos para asegurar que el giro del presidente revela que “no hay nada más imprudente que fiarse de Pedro Sánchez”. Estuvo a su lado hasta que su objetivo político se trasladó a la Comunidad de Madrid, donde fue derrotado por la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

El envío de “material militar ofensivo” a Ucrania y el 'No a la guerra' de Podemos

No es la primera vez que la coalición parece próxima a expirar. Que la política exterior del Gobierno la marca Sánchez es algo que los ministros socialistas siempre se han apresurado en remarcar. A pesar de esto, Podemos ha perseguido aplicar su criterio.

El compromiso de España con las misiones de la Alianza Atlántica ha generado divisiones en el Gobierno de Pedro Sánchez. El anuncio de la ministra de Defensa, Margarita Robles, a finales del mes de enero sobre el despliegue hacia el Mar Negro de dos buques de la Armada, el buque de acción marítima 'Meteoro' y la fragata 'Blas de Lezo', alimentó un nuevo cruce de reproches entre ambas formaciones.

Esta situación de extrema agitación internacional siguió socavando la unidad del Gobierno, marcada por otro importante anuncio: el del envío de “material militar ofensivo” a Ucrania a pesar del pacto explícito del líder del Ejecutivo con los de Yolanda Díaz.

Carmen Calvo: derrotada por la ‘ley Trans’ de Podemos

Otro de los enfrentamientos manifiestos entre las partes del Gobierno de coalición fue la que terminó con Carmen Calvo como vicepresidenta primera del Gobierno de Sánchez, pieza fundamental en el PSOE desde la moción de censura presentada por su entonces jefe de filas para desbancar del Ejecutivo a Mariano Rajoy.

Una derrota a raíz de la llamada ‘ley Trans’. El divorcio entre el feminismo del PSOE y el feminismo de Unidas Podemos, o lo que es lo mismo, el evidente distanciamiento entre Carmen Calvo e Irene Montero se saldó con el éxito de la ministra morada y la defenestración de uno de los iconos más fieles del ‘sanchismo’.

La salida precipitada de Calvo del Gobierno dejó otra secuela en la legislatura: la de no sacar adelante su Ley de Memoria Democrática.

La ley de Vivienda: Nadia Calviño y su penúltima derrota frente a Yolanda Díaz

La ley de Vivienda demostró que la unidad entre el PSOE y Podemos no es una normalidad en La Moncloa. O no tanto como se empeña en defender Pedro Sánchez. “No es real que el presidente del Gobierno se decante siempre por Yolanda Díaz”. Con esa contundencia se vio obligada a manifestarse la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, en ‘Herrera en COPE’ durante una entrevista en la que expuso sus diferencias con el ala 'podemita'.

Unas declaraciones que –sin embargo– volvían a situarse muy lejos de la realidad política que maneja Sánchez cuando el criterio de la ministra de Podemos volvió a imponerse en un tema tan sensible como es el de la nueva ley de la Vivienda.

A pesar de ser la responsable de aportar un cierto ambiente conciliador entre Gobierno, inversores y empresas, Calviño suele quedar desautorizada cuando llega el momento de legislar. Finalmente, y de manera bilateral, el propio Pedro Sánchez fue el encargado de cerrar la negociación a favor de las propuestas de sus socios de Gobierno y que, de paso, contenta también a los nacionalistas de ERC. Un nuevo triunfo para Yolanda Díaz que agigantaba así su posición como vicepresidenta frente al ala socialista que sigue sufriendo su sumisión ante Podemos.

El ingreso mínimo vital y una docena de enmiendas contra su propia iniciativa de Gobierno

Otro de los campos de choque entre PSOE y Podemos se instauró sobre el tapiz del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Fue uno de los primeros conflictos en el seno del Gobierno. Tanto fue así que Podemos decidió desmarcarse de sus socios para exigir el desbloqueo de la tramitación de esta ley en el Congreso de los Diputados. Ante la escalada de fricciones entre los partidos, Sánchez e Iglesias negociaron en primera persona anticipar la aprobación de esta prestación.

El grupo parlamentario de Unidas Podemos llegó a presentar incluso una docena de enmiendas a la ley de su propio Gobierno. Desde la formación morada instauraron un duro discurso contra el Ministerio de Inclusión Social que dirige José Luis Escrivá, de la cuota socialista del Gobierno.

Las crisis migratoria, otra daga entre los distintos Ministerios del Gobierno

La política migratoria del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también ha generado discrepancias entre los partidos del Gobierno. Un conflicto con el que la cúpula socialista se ha mostrado en repetidas ocasiones muy molesta por la actitud “desleal” de sus socios. Es más, esta censura ha llevado a Podemos a pedir la dimisión del ministro Marlaska.

En medio de la crisis de inmigrantes en Canarias, y a pesar de que se trata de una cuestión de Estado tal y como hoy estamos constatando, las fricciones entre PSOE y Podemos llegaron a recrudecerse cuando el por entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, solicitó un referéndum para el Sáhara. Estas declaraciones no sentaron nada bien en la vertiente socialista, desde donde se apuntó que no ayudaban ni a la resolución de la crisis ni a mantener una “estratégica relación” con Marruecos.

El Ejecutivo decidió en ese momento hacer pública una nota en la que consideraban que la política migratoria es una cuestión de Estado “basada en el respeto y acatamiento de las decisiones judiciales y en los derechos humanos”.

A pesar de todo, hoy la inmigración sigue siendo la gran asignatura pendiente para el Gobierno de coalición. Incluso Yolanda Díaz elevó la voz el pasado verano contra su socio ante la decisión del titular de Interior de acometer las devoluciones de los menores instalados en Ceuta a Marruecos.

En este punto, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, se dirigió al ministro Marlaska a través de dos misivas con el objetivo de frenar estas actuaciones y, sobre todo, de desmarcarse de la decisión tomada por el Gobierno del que forman parte.