Unos agentes de policía asaltan la casa de un periodista para descubrir sus fuentes y terminan disculpándose

El jefe de Policía de San Francisco, Bill Scott, ha presentado este sábado sus disculpas en nombre del cuerpo por el asalto efectuado este mes por un grupo de agentes al domicilio de un periodista para saber sus fuentes en un caso de investigación sobre la muerte de un abogado.

El reportero, Bryan Carmody, había obtenido un informe confidencial sobre la muerte del abogado defensor Jeff Adachi que decidió vender a varios medios junto con el resto de su noticia. Adachi, de 59 años, había adquirido cierta prominencia entre la comunidad legal de la ciudad por su labor como baluarte contra los abusos policiales.

El letrado fue hallado muerto en un apartamento alquilado. Según el informe forense, el fallecimiento ocurrió por una sobredosis de cocaína y alcohol. La operación policial en el domicilio de Carmody, de acuerdo con el sumario del caso, ocurrió la mañana del 10 de mayo. Los agentes irrumpieron con un mazo, arrestaron al periodista y se hicieron con su equipo --cuadernos, discos duros y teléfonos-- y el mencionado informe.

En un primer momento, el jefe de Policía expresó su sospecha de que el periodista había cometido un delito al obtener el informe de algún miembro del cuerpo de seguridad. Su contrición tiene lugar, según ha explicado, "tras una investigación completa de la filtración" y después de una ola de protestas por la libertad de prensa. "Siento que esto haya ocurrido", ha declarado Scott al 'San Francisco Chronicle'. "Pido disculpas a la gente de San Francisco y pido disculpas al Ayuntamiento", ha añadido.

Las organizaciones civiles han recordado que la Ley Escudo de la Constitución de California protege a los periodistas frente a cualquier acusación de desacato por negarse a revelar sus fuentes y el código penal californiano prohíbe a la Policía solicitar una orden de registro para encontrar cualquier material cubierto por la mencionada ley. "Es algo típico de un régimen autoritario, no de esta ciudad", ha lamentado el abogado y director de la ONG Primera Enmienda, David Snyder.