Aborto y objeción de conciencia

Este fin de semana hemos conocido las dramáticas cifras sobre el aborto en España. En 2023 subieron un 4,8 por ciento y la cifra total fue superior a 103.000, el registro más elevado de la última década. Es la crónica anunciada de un fracaso social, cuya gravedad solo se puede ignorar desde el sectarismo ideológico. En este sentido, ha sido muy significativa la comparecencia de la ministra de Sanidad, Mónica García, poniendo el foco en nuevos protocolos restrictivos para hacer la vida imposible a quienes decidan objetar en conciencia.

El Gobierno puede seguir con su hoja de ruta, pero la objeción de conciencia es un derecho fundamental recogido en el artículo 30 de nuestra Constitución, con un desarrollo en numerosa y variada jurisprudencia, e incluso en algunas leyes recientes, como la de la eutanasia. Hay muchos profesionales que tienen claro que su vocación de curar no incluye matar a ningún ser humano. Es sorprendente el empecinamiento totalitario en amedrentar a los profesionales que, con toda legalidad y legitimidad, defienden la vida humana, especialmente la de los más vulnerables.

La Federación de las Asociaciones Provida ha recordado que venimos sufriendo leyes injustas que pretenden favorecer el aborto y el sucio negocio que se genera en torno a él. Un solo aborto es ya una tragedia, más de 103.000 abortos no pueden ser solo una estadística. Deberían provocar nuestra seria reflexión y no avivar la propaganda ideológica, porque lo que necesitamos es una respuesta constructiva al drama y el compromiso de toda la sociedad en favor de la vida.