Del juego de palabras a la realidad

Después de marear la perdiz durante dos años a propósito de la reforma laboral, el Gobierno tiene un plazo de dos meses para presentar en Bruselas los detalles de las reformas que le permitirán acceder a los 140.000 millones de euros para la recuperación económica. Dentro de ese plan figura, en prioridad, la reforma de las condiciones laborales y la del sistema de pensiones. Y en ambos terrenos, una condición irreversible: la necesidad imperiosa de que los agentes sociales lleguen a un acuerdo que debe arbitrar un Gobierno dividido internamente.

A propósito de la reforma laboral, y al margen del juego semántico que ha desplegado el Gobierno, lo que espera Bruselas es acabar con la dualidad del mercado del trabajo, dividido entre empleos estables y precarios, así como un empuje sustancial al empleo juvenil y de los parados mayores de cincuenta años. Y aquí entra en escena el espectro de las ideologías, que quieren jugar tanto los aliados de Sánchez como los sindicatos, que pretenden recuperar el poder de negociación perdido hace nueve años y acabar con la prevalencia de los convenios de empresa, que ha favorecido la creación de empleo en la última década. Luego está el sistema de pensiones, que el ministro Escrivá quiere consolidar mediante una subida de las cotizaciones sociales. Lo que no afronta el gobierno es la reducción del déficit, que Sánchez ha disparado a costa de las próximas generaciones a las que, paradójicamente, están destinados los fondos europeos de recuperación.