Nuevo varapalo europeo al Gobierno

La decisión del Parlamento europeo de enviar a Cataluña una delegación para investigar las políticas que niegan el derecho a que el castellano sea lengua vehicular en la enseñanza, debería avergonzar al Gobierno español, que no ha querido hacer nada para que se cumplan las sentencias judiciales al respecto. Lamentablemente, no está previsto que esta misión europea cumpla con prontitud el mandato parlamentario por encontrarnos ya en período preelectoral. Esto supone un aplazamiento de la misión de la Eurocámara hasta finales del año próximo, lo cual permite al Gobierno de Pedro Sánchez encogerse de hombros, sin importarle mucho lo que en su día dictamine.

No obstante, el mero hecho de que las instancias europeas hayan acogido la petición de la Asociación para una Escuela Bilingüe supone un contundente varapalo, tanto para el actual Gobierno como para la Generalitat. La ley no se cumple, entre otras razones, porque el PSC apoyó la discriminación del castellano decretada por la Generalitat como eje de su política. Este desafuero no parece importar al presidente Sánchez, preocupado únicamente por blindar el apoyo de ERC a sus presupuestos y, seguramente, por forjar una alianza política con los independentistas (ahora revestidos de supuesta moderación) que puede abarcar desde las próximas elecciones municipales hasta las autonómicas en Cataluña y las generales. ¿Qué importan la ley y los derechos fundamentales frente a ese interés?