La Guardia Civil registra PwC, OHL, Indra y Saerco por la financiación ilegal del PP de Madrid

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha entrado este jueves en varias empresas, entre ellas OHL, Indra y PriceWaterhouseCoopers (PwC), para buscar información que pudiera vincular la adjudicación de contratos públicos de la Comunidad de Madrid con una presunta financiación irregular del PP.

En el segundo día de la denominada Operación Lezo, en la que se investiga la corrupción en el Canal de Isabel II, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha comenzado a tomar declaración a los detenidos, en concreto a María Fernanda Richmond, ex directora financiera del Canal, y Adrián Martín, exgerente de esa entidad.

El plan de trabajo de Velasco pasa por tomar este viernes declaración a los otros arrestados que desde este miércoles permanecen custodiados por el instituto armado, entre ellos el expresidente madrileño Ignacio González, su hermano Pablo, su cuñado Juan José Caballero y Edmundo Rodríguez Sobrino, considerado hombre fuerte de González en Latinoamérica.

Este jueves se ha conocido que otro de los detenidos fue el ex consejero delegado de la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid José Martínez Nicolás, ya investigado en el caso Púnica, en el que también se investiga la financiación ilegal del PP de Madrid.

Dentro de esas pesquisas, el juez ha ordenado a la UCO entrar en la constructora OHL, la tecnológica Indra, Licuas (una constructora de obra civil), Saerco (que gestiona torres de control de aeropuertos) y la consultora PriceWaterhouseCoopers (PwC).

En el caso de OHL, cuya cotización ha caído un 8,29% tras conocerse la noticia, la investigación tiene que ver con el contrato del tren de Móstoles a Navalcarnero, firmado en 2007, y con el posible desvío de fondos hacia el PP y hacia el propio Ignacio González.

Fuentes de la constructora han recalcado que nunca se han pagado comisiones a ningún partido. Tanto OHL como Indra han asegurado que han prestado la máxima colaboración a la Guardia Civil.

A PwC los agentes le han reclamado información sobre los trabajos de consultoría prestados a la Agencia Informática de la Comunidad de Madrid, entidad que también ha sido registrada.

La cuestión es que su ex consejero delegado, Martínez Nicolás, ahora detenido, está imputado en la Púnica por haber pagado 10.000 euros a la trama tras una supuesta orden de la Consejería de Presidencia y Justicia.

El caso Canal tiene aproximadamente cinco derivaciones, una de ellas la de Inassa, otra de blanqueo de dinero por parte de Ignacio González y su hermano Pablo (también detenido) y otra sobre la financiación ilegal del PP de Madrid.