Las cinco claves de la nueva querella contra los responsables de la mala gestión de la DANA: "Que paguen"

El pasado 29, coincidiendo con el aniversario de la devastadora DANA sufrida en Valencia y sus consecuentes inundaciones, la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia presentó una querella con el objetivo de depurar responsabilidades en la gestión de la emergencia. La denuncia apunta a cargos políticos y a distintas instituciones que, según los denunciantes, no actuaron con la diligencia debida. 

La demanda está gestionada por Gonzalo León, especialista en derecho penal de Vilches Abogados que hoy ha explicado en COPE Valencia que no es una cuestión económica, es una cuestión moral, además ha explicado en los micrófonos las cinco claves de este proceso.

1. Objetivo de la Querella

Tal como explica Gonzalo León, el objetivo principal de la querella es la apertura de una investigación judicial que permita esclarecer cómo se gestionaron las advertencias y avisos previos a la catástrofe. "Nosotros consideramos que existían antecedentes históricos además de avisos por parte de la AEMET los días previos al 29 y que incluso ya el día 29 existían multitud de avisos", afirma León.

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Según la querella, las autoridades tenían datos suficientes para alertar a la población con antelación. Sin embargo, el aviso oficial se emitió a las ocho y once de la noche, lo que se considera una reacción tardía que impidió a los ciudadanos tomar medidas de autoprotección.

2. Contra quién se querellan

La querella se dirige contra las personas que tenían competencias directas en la gestión de la emergencia. Entre ellas se encuentran:

• La entonces Consellera de Justicia e Interior de la Comunidad Valenciana, Salomé Pradas. 
• El secretario autonómico de Seguridad y Emergencias. 
• El director general de Emergencias. 
• El subdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. 
• La jefa del servicio de emergencias. 
• Miguel Polo, presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, quien disponía de información sobre los caudales del Barranco del Pollo y del Río Magro.

"Hemos elegido a las personas que entendemos tienen responsabilidad directa dentro de sus competencias para tomar este tipo de decisiones", explica León.

3. ¿Y el presidente Carlos Mazón?

Uno de los puntos clave de la querella es la exoneración inicial del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, como imputado. En palabras de Gonzalo León: "En el momento en el que se producen los hechos, la máxima responsable en cuestiones de emergencias era la señora Consellera Salomé Pradas, porque no se había tomado la decisión burocrática de declarar la situación como para que administrativamente el máximo responsable fuese el presidente Mazón".

A pesar de ello, sí que está citado como testigo. El abogado deja la puerta abierta alegando que “si en la fase de instrucción existen pruebas o indicios, la posibilidad de que Mazón pueda ser citado como investigado, no habría ningún problema en incluirle como querellado, ya que este es un proceso abierto y Mazón puede convertirse en imputado”.

4. El daño moral, el más importante

Desde la Asociación de Damnificados Horta Sud Valencia, dejan claro que lo más importante es el daño moral. “Un padre que bajó al sótano de su vivienda con su hija y la fuerza del agua les cerró la puerta, en un momento dado se abrazaron y se despidieron, imaginaos lo duro que es ser un padre y tenerle que decir adiós a tu hija, esto no debe quedar así y tenemos que exigir que los responsables paguen por ello. A todas estas personas les debemos esto que vamos a emprender hoy”. Este ejemplo, explicaba Cristian Lesaec, portavoz de la Asociación, para explicar el daño moral sufrido por tantas y tantas familias.

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El objetivo de esta querella no es económico, sino esclarecer los hechos. "Este procedimiento penal, lo que busca es depurar responsabilidades, no busca directamente un resarcimiento económico, sino simplemente saber qué es lo que ocurrió, quién tenía esa responsabilidad y por qué no se adoptaron las decisiones en el momento oportuno", comenta León.

Además, los afectados están en proceso de peritar los daños sufridos, lo que podría derivar en futuras demandas de responsabilidad patrimonial.

5. Un proceso largo

El proceso judicial se prevé largo, pero la intención de la asociación es que se esclarezcan los hechos y que aquellos que cometieron negligencias asuman las consecuencias legales correspondientes. Como concluyó Gonzalo León: "Esperemos que se vean satisfechas esas reclamaciones por parte de los afectados y que quien tenga alguna responsabilidad pague lo que se considere oportunamente por ellas".