Galicia Baleira censura la prohibición “anárquica” de cazar el lobo en toda España

La plataforma Galicia Baleira, que agrupa a las federaciones vecinales de Lugo y Ourense, ha expresado su “total desacuerdo con la decisión de la Comisión de Patrimonio Natural del Ministerio de Transición Ecológica” para “incluir todas las poblaciones de lobo ibérico en el listado de especies silvestres de protección especial” y prohibir su “caza en toda España de una forma anárquica”.

Esta plataforma afirma que “es demasiado polémico para tomar una decisión con la participación de todas las comunidades de España”, porque “ocho tienen censo cero en población de lobos”, cuando no se escucharon los argumentos de las que “realmente albergan alrededor del 100% del censo de lobos”, que son las que se sitúan al norte del río Duero.

Aún así, recuerda la plataforma “no se libró de polémica la votación, ya que hubo un empate técnico que fue balanceado o sometido hacia el punto de vista ecologista por un voto de calidad”.

Las federaciones vecinales recuerdan, además el “desacuerdo con la decisión encaminada a prohibir la caza del lobo, mostrado por el ministro de Agricultura Pesca y Alimentación, Luis Planas, que expreso su apoyo a los ganaderos” y dijo que estaba “a su lado”.

“Está claro y demostrado que la falta de control actual del lobo afecta a un conjunto muy importante de explotaciones ganaderas, que ven mermadas sus cabañas año tras año”, añade la plataforma, y “no vemos a ningún ecologista defender las ganaderías extensivas o pequeñas que pierden en cortos espacios de tiempo parte de sus rebaños de ovejas, de sus potros o de sus terneros”.

“Los puntos de vista de la ecología no defienden el derecho de estos animales, que de alguna manera forman parte de la economía de una 'Galicia Baleira', donde cada vez parece ser menos importante el asentamiento de población y la subsistencia”, lamenta.

Por ello, aunque afirma respetar al “lobo como especie y como parte importante en la regulación del ecosistema español”, exige “una estrategia de gestión y conservación“, que permita controlar “su ubicación y el número de unidades por áreas definidas”.

“Exigimos una política clara de coberturas de daños por parte del Estado, que implique el pago de los daños certificados por los servicios veterinarios de la zona, y en un plazo máximo de 45 días de la fecha de apertura del expediente”, concluye.