Diego Garrocho: "Será un juez quien determine si García Ortiz filtró o no los correos, pero nadie debería aceptar que los secretos profesionales pueden vulnerarse"

Partamos de un hecho obvio, pero que muchas veces se nos olvida. En una democracia solo los jueces tienen la capacidad de determinar la culpabilidad de cualquier ciudadano. Por ello será el Tribunal Supremo quien deba decidir si el fiscal general del Estado es culpable o inocente en el caso de la revelación de secretos de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. 

Dicho esto, la imputación del fiscal, su falta de idoneidad suscrita por el Consejo General del Poder Judicial o la desviación de poder que el propio Tribunal Supremo concluyó en el nombramiento de su amiga y predecesora Dolores Delgado constituyen en sí mismos un verdadero escándalo democrático. Pero vayamos a tu pregunta, que retoma una frase que ha dicho el fiscal. Ha señalado que una mentira no puede ser un secreto. 

Pero ¿puede una mentira ser un secreto? Aunque la formulación es engañosa en sí misma, si hubiera que responder la respuesta sería que sí. Las garantías procesales no son condicionales ni dependen de la culpabilidad o de la inocencia de una persona ni de la veracidad de su testimonio. La información personal protegida que custodian las autoridades públicas, como la agencia tributaria o incluso nuestro médico, requiere una protección reforzada e incondicional. 

Pondré un ejemplo. Durante la campaña presidencial de Estados Unidos, muchos medios de prestigio silenciaron conscientemente los problemas de salud de Joe Biden, esos problemas que mostraba y que todos podíamos ver con nuestros propios ojos. Incluso hubo quienes acusaron de difundir bulos o fake news a cualquiera que osara dudar del estado de salud del ya expresidente. 

Ahora imaginemos que, por amor a la verdad, alguno de los doctores que supervisan a Joe Biden hubiera publicado datos médicos que evidenciaran su deterioro, desmintiendo así a quienes intentaban convencer a la opinión pública de que gozaba de una salud de hierro. Con esa acción, ese supuesto médico habría desmentido un bulo, sí, pero también habría cometido un delito y habría quebrado su secreto profesional. 

Insisto, será un juez quien determine si García Ortiz filtró o no los correos, pero más allá de lo que ocurra, de quién mienta o de quién diga la verdad, nadie debería aceptar que los secretos profesionales pueden vulnerarse. Porque aunque cierta información pueda servir para desmentir una falsedad, hay casos en los que no sólo es justo, sino que es imprescindible para el Estado de Derecho que incluso una mentira, en caso de serlo, permanezca secreta.