Fernando de Haro: "El Gobierno no admite error alguno. Así ha sido y viene siendo desde marzo"

Esta es la respuesta que ha dado la vicepresidenta Calvo cuando ha conocido la decisión del Supremo sobre la investigación judicial de las responsabilidades del Gobierno en la pandemia. Si el Gobierno dice que ha hecho todo lo que ha podido y todo lo que debía es que no admite error alguno. Así ha sido y viendo siendo desde marzo.

El Supremo no ha admitido a tramite 20 querellas y 30 denuncias contra el Gobierno porque considera que no está debidamente justificada la autoría de hechos punibles, o sea de posibles delitos. ¿Significa eso que el Supremo considera que el Gobierno no tiene responsabilidad penal por cómo hizo las cosas? No. Porque el Supremo dice que investiguen los juzgados ordinarios. El Supremo no le hace caso a la Fiscalía, ¿quién manda en la Fiscalía, eh, quién manda?

Y pide que se indague la muerte de ancianos en residencias, la compra fallida de material en el mercado internacional o la falta de protección que hubo al inicio de la pandemia para sanitarios o policías. El auto del Supremo contiene una frase muy interesante que dice que aunque ciertas conductas no tenga relevancia penal eso no santifica actuaciones erróneas de graves consecuencias sociales. Por ejemplo, se puede acreditar que se ocultó información internacional, eso no significa que haya delito pero tampoco exime de otras responsabilidades como las responsabilidades políticas.

Ya veremos cuáles son las consecuencias de estas investigaciones que se abren en los juzgados ordinarios. En Italia y en Francia se están llevando a cabo investigaciones judiciales, en Francia se ha llegado incluso a registrar el domicilio del ministro de Sanidad. En Alemania y en Suecia los propios Gobiernos han encargado una comisión parlamentaria.

Cuando se lee el auto del Supremo que lleva la firma de Marchena se comprende que será difícil establecer responsabilidades penales. Pero las responsabilidades penales son las últimas responsabilidades posibles. Hay muchas otras, como las políticas. Y para eso tenemos que saber lo que pasó. Y no hay manera. Fue en agosto cuando un grupo de prestigiosos científicos pidió en 'The Lancet' que se hiciera una auditoría de lo sucedido.

El ministro Illa tardó muchas semanas en recibir a los autores de esa petición de auditoria, lo hizo en octubre, y prometió que prometió que pondría en marcha la investigación en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Una solución que es absurda porque los miembros de ese Consejo son el Gobierno y las CAS que son las que tienen que ser investigadas. No han empezado los trabajos. No hay voluntad alguna de evaluar lo que se hizo.