"Álvaro García Ortiz ha llegado como cualquier delincuente presunto: para declarar ante el juez"

Es la una, las doce en Canarias.

Qué tal, soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este miércoles 29 de enero. Ya te habrás dado cuenta de que la España oficial, la de los políticos, vive instalada en la excepcionalidad. Los españoles de a pie -como tú, como yo- vivimos más bien pendientes de afrontar nuestros problemas rutinarios, de sacar adelante el curro, de terminar de subir la cuesta de enero, de no cometer delitos si somos fiscales generales del Estado. Pero el Gobierno ha hecho de la anomalía institucional una costumbre. Porque es una anomalía grave, muy grave, que por primera vez un fiscal general declare como imputado -es decir, como presunto delincuente- ante el Tribunal Supremo como ha sucedido esta mañana, y que aun así se niegue a dimitir.

Álvaro García Ortiz no ha llegado esta mañana al tribunal para ejercer la acusación pública como fiscal, ni tampoco en su condición de autoridad del Estado para asistir a un acto solemne. No, no; ha llegado como cualquier delincuente presunto: para declarar ante el juez. Pero la anomalía bananera aquí es que el investigado sigue gozando de los privilegios del investigador. Sigue ostentando el poder jerárquico sobre la fiscal que hoy debía interrogarle y que ha renunciado a hacerlo, claro. El todavía fiscal general solo ha querido contestar a las preguntas de su abogado, que es lo que hace el típico delincuente a punto de ser procesado. Al juez ni agua.

Que el encargado de velar por el cumplimiento de la ley en nuestra democracia, que el jefe del órgano responsable de perseguir el delito y de proteger a los ciudadanos particulares siga aferrándose al cargo de fiscal general mientras declara ante el juez nos deja estupefactos. Pero que ese mismo hombre, Álvaro para los banquillos, borrara además todos los mensajes y cambiara de móvil cuando la policía le pisaba los talones es algo que en estos momentos tiene admirados a todos los mafiosos de Corleone. Alvarone haciendo honor a su apodo. La Fiscalía en el banquillo y borrando pruebas: a ver cómo rehabilitamos la imagen de la institución después de esto.

García Ortiz lo ha negado todo, como cualquier delincuente presunto. Dice que él no filtró la información confidencial del novio de Ayuso, a pesar de que la fiscal Lastra afirmó lo contrario y a pesar de que Juan Lobato se fue al notario para evitar que lo relacionaran con un delito planeado en La Moncloa y ejecutado por la Fiscalía con el único propósito de desviar la atención del caso Begoña destruyendo a Isabel Díaz Ayuso por novio interpuesto. Aquí se dirime si un fiscal general traicionó su juramento de legalidad para mancharse la toga con el barro de la política partidista. Y si podemos los contribuyentes estar seguros -si lo están nuestros datos personales- con perfiles como estos al frente de las instituciones que deben custodiar nuestros derechos en vez de vulnerarlos si salimos con la novia equivocada.

Esto es lo que está investigando el juez Ángel Hurtado, no un tertuliano a sueldo de Moncloa. Y por eso los ciudadanos de a pie esperamos de este proceso una sentencia genuinamente democrática. Una que recuerde a todo el mundo dónde están los límites del poder del Gobierno y de su fiscal general: esos límites están exactamente donde empiezan nuestros derechos como ciudadanos de una democracia