Amnistía acusa a Ortega de un uso "deliberado e indiscriminado" de la fuerza en Nicaragua

El Gobierno de Daniel Ortega ha llevado a cabo una estrategia represiva "deliberadamente letal e indiscriminada" contra las manifestaciones en su contra de los últimos seis meses con el fin de acabar con las protestas y de castigar a quienes participan en ellas que ha incluido, además de torturas y ejecuciones extrajudiciales, el uso de armamento de guerra.

Así se desprende del informe 'Sembrando el terror' presentado este jueves por Amnistía Internacional que viene a completar uno anterior sobre la primera fase de los acontecimientos vividos en Nicaragua desde el 18 de abril, cuando comenzaron las protestas por la reforma del sistema de seguridad social --posteriormente abandonado--. El último informe abarca el periodo entre el 30 de mayo y el 18 de septiembre.

Durante este periodo, se contabilizaron al menos 322 muertos, la mayoría a manos de las fuerzas de seguridad y los grupos de apoyo a Ortega, y más de 2.000 heridos. Entre los fallecidos también figuran 22 policías. Además, hasta el 18 de agosto, al menos 300 personas habían sido procesadas por su participación en las protestas, que ante la respuesta represiva del Gobierno degeneraron en la petición de la dimisión del presidente.

Según la directora para las Américas de Amnistía, Erika Guevara Rosas, las protestas "no fueron una sorpresa" puesto que "en los últimos 5 años se había venido constatando un deterioro en el ejercicio de los Derechos Humanos" en el país. "Lamentablemente, en lugar de escuchar las demandas de justicia y de rendición de cuentas" de los ciudadanos tras las primeras muertes en las protestas iniciales, Ortega "decidió seguir con su estrategia de represión", subraya.

Amnistía denuncia que tanto Ortega como su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo, han empleado durante estos meses "una oratoria criminalizante" que ha incluido el uso del término "terrorista" y "golpista" para referirse a los manifestantes antigubernamentales, y las autoridades han negado reiteradamente que se hayan producido violaciones de los Derechos Humanos.

EMPLEO DE FUERZAS PARAPOLICIALES

Para reprimir las protestas, el Gobierno nicaragüense ha recurrido no solo a la Policía Nacional y las fuerzas antimotines, sino que también ha empleado a las llamadas "turbas sandinistas", grupos de partidarios del partido gobernante que se terminaron transformando, según Amnistía, en "auténticos grupos parapoliciales armados".

Tanto las fuerzas regulares como estos grupos parapoliciales han hecho "un uso excesivo de la fuerza" que a partir de mayo pasó a ser "generalizado, desproporcionado y, en muchas ocasiones indiscriminado", de la fuerza letal, ha explicado Pilar Sanmartin, investigadora de crisis de la ONG.

Para ello, se empleó armamento de disparo indiscriminado, como ametralladoras ligeras RPK o AK en modo automático, capaces de "disparar 650 balas por minuto", "que impiden garantizar el menor daño posible a la integridad física y a la vida de la persona", así como armamento de tipo militar de potencia desproporcionada a la fuerza que se intentaba repeler. Entre este último, Amnistía menciona lanzagranadas antitanques RPG-7.

También se han empleado fusiles de francotirador como Dragunovs, que tienen una precisión de disparo de hasta 1,3 kilómetros, o M24 Remington, lo cual, según la ONG, se corresponde con "las lesiones en zonas de alta letalidad del cuerpo" que se han registrado y que "señalan la intencionalidad de matar".

Amnistía ha documentado igualmente "cierto grado de violencia" por parte de los manifestantes, algunos de los cuales emplearon fuisiles o escopetas de caza así como morteros, según Sanmartín, que recuerda sin embargo que "el uso de armas por el Estado debe ser legítimo, necesario y proporcionado".

"El uso de armas por algunas personas no vuelve violenta per sé la manifestación", subraya, acusando al Estado nicaragüense de utilizar "armas que están diseñadas para situaciones de conflicto armado y que, por tanto, no son permitidas para labores de seguridad pública", lo cual contraviene el Derecho Internacional.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES Y TORTURAS

Por otra parte, Amnistía ha documentado seis casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales que habrían sido "una forma de castigo" así como al menos once casos de posibles actos de tortura contra manifestantes, a quienes entre otras cosas se amenazó de muerte, se quemó con cigarrillos, se sometió a electroshocks y a "desnudez forzada", según Sanmartin, como "método de castigo" y obtención de pruebas e información sobre la organización de las protestas". Esto, advierte la organización, "constituye una grave violación de los Derechos Humanos y un crimen de Derecho Internacional".

Entre los casos incluidos en el informe figura el de Faber López, un policía antidisturbios, cuya muerte la Policía atribuyó a disparos de "terroristas" pero que según su familiano presentaba heridas de bala y sí "múltiples signos de tortura". López había llamado un día antes de su muerte a su familia para decir que iba a renunciar y advertirle de sus compañeros podrían matarle.

Asimismo, se practicaron detenciones arbitrarias y no se respetaron las garantías judiciales básicas en los procesos contra los líderes estudiantiles y comunitarios y los manifestantes en general en el marco de la "estrategia represiva que buscaba desarticular" el movimiento de protesta. También se ha documentado la falta de acceso a defensa legal para los detenidos y otras trabas al trabajo de los letrados.

Amnistía denuncia una persistente impunidad. "Hasta ahora no existen investigaciones imparciales y expeditas a estas graves violaciones de los Derechos Humanos", lamenta Guevara-Rosas. Tampoco se han garantizado las condiciones para que las víctimas se hayan sentido con la confianza de denunciar lo ocurrido sin miedo a represalias.

En este sentido, la organización ha constatado la reticencia de las víctimas de violaciones de los Derechos Humanos a denunciar ante la Fiscalía y, en los casos de muertes, muchas familias ni siquiera registraron oficialmente el deceso ni lo denunciaron "por miedo, desconfianza o falta de credibilidad hacia la autoridad". Según Guevara-Rosas, a algunas familias de víctimas se les exigió firmar un documento comprometiéndose a no denunciar que había sido a manos de las fuerzas de seguridad.

El resultado de este "escenario de persecución generalizado" fue el desplazamiento de miles de nicaragüenses, algunos de los cuales huyeron fuera del país para proteger sus vidas, mientras que otros se trasladaron a otros puntos por temor a ser agredidos o detenidos. Según datos del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) a 31 de julio, en Costa Rica se habían registrado casi 8.000 solicitudes de asilo y otros 15.000 nicaragüenses estaban a la espera de cita para registrarse.

RESPONSABILIDAD PROBADA DE ORTEGA

"Amnistía consisidera que muchas de estas acciones no solo se habrían llevado a cabo con el conocimiento y la tolerancia de las más altas autoridades del país sino en ocasiones bajo su orden y control", subraya Sanmartín.

Asimismo, la ONG sostiene que "las violaciones a los Derechos Humanos cometidas principalmente por la Policía Nacional son responsabilidad directa del jefe supremo de la misma que de acuerdo a la Constitución es el presidente de la República", añade, recordando que "las graves violaciones de Derechos Humanos no prescriben y pueden ser juzgadas en tribunales que no sean los nacionales".

Por su parte, el director de Amnistía Internacional España, Esteban Beltrán, ha aprovechado para pedir al Gobierno de Pedro Sánchez que no se venda armamamento antidisturbios a Nicaragua como se hizo en los últimos años y que promueva una sesión especial sobre este país en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.