El Fiscal General en el banquillo

Por primera vez en la historia de la democracia española un Fiscal General del Estado ha comparecido ante un juez del Tribunal Supremo en calidad de investigado. La situación supone una profunda anomalía en un Estado de Derecho, en el que el respeto a las instituciones pasa por la ejemplaridad en el cumplimiento de la responsabilidad encomendada. Su responsabilidad es preservar el principio de que la ley se aplica sobre la verdad de los hechos. Pues bien, más allá de lo que Álvaro García Ortiz haya dicho o callado ante el juez, el mero hecho de que tuviera derecho a mentir para defenderse es contrario a la naturaleza del cargo que ocupa.

No hay que olvidar que lo que se está investigando es si el Fiscal General reveló datos de una persona particular enviándolos al Gobierno o a los periodistas con la finalidad de acabar con una rival política del Ejecutivo, la presidenta de la Comunidad de Madrid. Después de más de una hora y media de comparecencia en la que ha negado que filtrase la información protegida de la pareja de la presidenta madrileña, ha quedado en evidencia que su estrategia consiste en acusar al juez de tener ya claro el sentido de su decisión final, lo que estaría condicionando el proceso. Si grave es que García Ortiz siga siendo Fiscal General de Estado, más grave es que Pedro Sánchez no le haya exigido ya la dimisión, quizá porque a quien está protegiendo Álvaro García Ortiz es al propio Presidente del Gobierno.