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La realidad del conflicto de MUFACE: "Si los mutualistas pasan al sistema nacional de salud, este quedará colapsado"

CSIF convoca huelga de funcionarios el 13 de febrero, para exigir al gobierno una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario

Fedrico Martín portavoz de CSIF Salamanca llama a la huelga a los funcionarios
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Verónica Martín

Verónica Martín

Salamanca - Publicado el - Actualizado

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Salamanca cuenta con un total de 17.000 funcionarios que dependen de MUFACE, de los que 11.000 reciben atención sanitaria a través de las compañías aseguradoras.

Este colectivo está llamado a participar en una jornada de huelga el próximo 13 de febrero. Federico Martín, portavoz de la Central Sindical Independiente de Funcionarios de Salamanca, explica a COPE que el colectivo desconfía de las negociaciones que mantiene el gobierno con las compañías aseguradoras y las califica de "chapuzas administrativas".

Una situación que "ha ido empeorando la atención sanitaria de los mutualistas paulatinamente". Por eso explica que "también están llamados a participar en una concentración masiva prevista ese día en Madrid, los funcionarios jubilados".

¿Cómo puede afectar el trasvase de todas las personas que dependen de MUFACE a los centros de salud pública? 

Hay que tener en cuenta que Castilla y León es una de las regiones más afectadas del país por esta situación, con alrededor de 80.000 mutualistas censados.

El consejero de sanidad Alejandro Vázquez ya ha reconocido que la asistencia sanitaria en Castilla y León se vería colapsada. A las habituales demoras que ya existen en las listas de espera, se sumarían las provocadas por los mutualistas, que no cuentan con historial clínico en la pública.

Desde CSIF, exigen al Gobierno que presente de una vez por todas una oferta económica que permita la viabilidad del modelo sanitario, con una asistencia de calidad que los mutualistas han dejado de recibir. Apelan a la responsabilidad de los agentes soiclaes implicados, ante una situación que pone en riesgo la atención sanitaria de 1,5 millones de funcionarios y sus familias en todo el país.

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