Preocupación en la Marina Alta: la nueva Ley de Libertad Educativa pone en peligro el banco de libros

La nueva Ley de Libertad Educativa impulsada por el gobierno autonómico ha puesto en el centro del debate la enseñanza en la Comunitat Valenciana. Mientras sus defensores aseguran que garantiza el derecho de los padres a elegir la educación de sus hijos y regula el uso de las lenguas cooficiales en los centros, sus detractores alertan de un posible retroceso en la equidad educativa y un debilitamiento de la escuela pública.

En una mesa de análisis con representantes políticos y del ámbito educativo, las posturas han sido claras y contrapuestas. Isabel Moreno Hernández, concejala del PSPV-PSOE en Xàbia y presidenta de Adep, ha sido tajante al afirmar que esta es una "ley de mayorías" que se ha aprobado sin consenso y con el rechazo de gran parte de la comunidad educativa. A su juicio, la falta de diálogo previo aboca a la norma al fracaso y politiza un ámbito que debería estar al margen de disputas ideológicas.

Desde Més Compromís, Alberto Robles ha calificado la normativa como "la ley del despropósito y la vergüenza", al considerar que supone un golpe contra el valenciano y la diversidad lingüística. En la misma línea, Susana Mut, de Gent de Dénia, ha advertido que si se le resta importancia a la lengua, "al final se perderá". Además, ha alertado de que la nueva ley podría poner en riesgo el banco de libros, que hasta ahora proporcionaba material gratuito a los centros educativos.

Por su parte, desde el Partido Popular, Juan Fernando Giner, alcalde de Murla, ha asegurado que la ley no es incompatible con la enseñanza del valenciano, aunque ha dejado claro que "con el valenciano, ningún paso atrás". Giner confía en la profesionalidad de los docentes para evitar cualquier perjuicio al alumnado.

Finalmente, Chelo Castells, coordinadora de Vox Benissa, ha defendido que esta ley permite a los padres elegir en qué idioma estudian sus hijos, algo que, según ha manifestado, se ha echado en falta en los últimos años.

El debate sobre la Ley de Libertad Educativa sigue abierto, con posturas enfrentadas y una comunidad educativa expectante ante su aplicación. Lo que está claro es que la educación en la Comunitat Valenciana se encuentra en el centro de la discusión política y social.