Okupan un piso de A Coruña tras realizar obras y piden 30.000 euros por abandonarlo

Una vecina de Lugo lleva años peleando por recuperar una vivienda en la ciudad A Coruña de manos de unos okupas. Unos vecinos se ofrecieron a realizar obras pero finalmente acabaron instalándose en el piso. Para abandonarlo, piden 30.000 euros.

Una obra que no terminó como debía

Todo comenzó en 2015 con una filtración de aguas fecales en el piso, situado en el entorno de la Avenida da Pasaxe, en el que no vivía por problemas de salud. Se dio la casualidad de que un vecino del bloque se dedicaba, “aparentemente” a las reformas y “se ofreció a hacer un par de trabajos determinados en la vivienda” y así “evitarle a la propietaria tener que ir constantemente a A Coruña", explica Raúl Pérez, el abogado lucense que lleva este caso.

En 2016, a él y a otros reparadores se le abonaron los trabajos, y “un par de meses más adelante se le plantea la posibilidad incluso a la propietaria de que podría interesarle al reformista quedarse como el inmueble el régimen de alquiler”. La propietaria se negó y, a principios de 2017, otros vecinos advirtieron “del riesgo de que estas personas se estén instalando en la vivienda”pese a su negativa. Decidió entonces rescindir los servicios y finalizar los trabajos en la vivienda y cambiar la cerradura, con la confianza de que quedase cerrada.

Una petición "surrealista"

Años más tarde, en 2021, una inmobiliaria que buscaba propietarios de la zona contactó con ella. En ese momento, la mujer valoró la posibilidad de vender, pero ahí “con confirma sus peores sospechas”, que son “que esta vivienda no estaba libre ni expedita, sino que se encontraban unos ocupantes dentro”. Eran “los anteriores vecinos reformistas, la familia y más personas dentro ocupando la vivienda”, narra el abogado.

El punto más “surrealista”, cuenta, surge cuando se realiza un requerimiento formal para que abandonen la vivienda de forma voluntaria. En eso momento, los ocupantes llamaron directamente a su despacho y alegaron “que si no se les daban 30.000 pues que no se iban a ir de la vivienda”. Dos años antes, había reclamado 15000 en sendas denuncias archivadas por la Policía Nacional pese a reconocer que “está en una vivienda sin ningún tipo de autorización para ello”.

La lentitud judicial

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