18 años de la Ley de Dependencia y las consecuencias de aprobarla sin la financiación necesaria: las claves de la situación actual

Que el tiempo es algo que pasa por todo y por todos es algo que absolutamente nadie discute, unos lo llevan mejor y otros peor, pero al fin y al cabo todos dejamos paso a las generaciones que llegan, que harán lo mismo con las siguientes, y así, sucesivamente. Pero en en caso de los seres humanos pocas cosas hay más duras que la de tener que despedirse de nuestros seres más queridos, algo que aunque siempre es duro, se pasa mucho peor cuando se trata de alguien a quien todavía era joven, o es un caso en el que la persona está sufriendo.

Y es que lo de ver que quien nos ha dado la vida, nos ha ayudado en todo, nos ha enseñado a andar, nos ha llevado al cole y nos ha visto crecer, necesita ahora la ayuda de otra persona para hacerlo absolutamente todo, incluso ir al servicio, es una auténtica pena, pero no solo para quienes ven como les pasa esto a sus personas más queridas, sino para las propias personas que lo sufren, que se sienten completamente inútiles.

La dependencia

Que esta dependencia permanente para realizarlo todo presenta un problema es algo evidente, pero como a todo problema, viene una solución. Una solución parcial que cumple 18 años en el 2025 y que se llama Ley de Dependencia, que tiene como objetivo el poder asistir a las personas que sufren dependencia, que son más de 4 millones de personas solo en España.

Pero otro dato preocupante y que debemos tener en cuenta es que, a pesar de la creación y aplicación de esta Ley, en todos los años que lleva vigente desde que en 2006 fuera aprobada, han sido casi un millón de personas las que han fallecido en la lista de espera para ser atendidos. Esto supone un fallecido cada 16 minutos.

Andrés Medina, habitante de Jaén, tiene a dos familiares en situación de dependencia a su cargo. Además, se le considera como cuidador no profesional, ya que es él mismo el que por sus propios medios, se encarga de cuidar tanto de su madre, como de su mujer, ambas completamente dependientes. En su caso, está jubilado, algo que tuvo que hacer por este motivo, puesto que según argumenta en La Tarde, “la demora administrativa para que se tramite y resuelva un expediente de estas características es de hasta 603 días”.

Además, el afectado, también ha dicho que a esta Ley, al igual que a otras como la recién aprobada Ley ELA, “requieren de una financiación y soporte económico acorde a lo aprobado, puesto que si no se da lo que exige, nunca funcionará”, afirma Andrés. Aunque a su madre ya se le han concedido algunos permisos, las ayudas, está por llegar. “De echo, llevamos dos años esperando a que la ayuda llegue”, dice. “Puede que cuando hayan concedido la ayuda económica mi madre ya ni esté viva”.

La solicitud

Andrés, no solo se queja de la demora por parte de las instituciones en lo que tardan a la hora de tramitar y conceder, sino que también ha mostrado su descontento con lo impersonal que es la administración, especialmente en el caso de los trámites telemáticos. “Hay mucha gente mayor que no tiene acceso ni facilidad para realizar las gestiones de manera telemática y lo que no puede hacer la administración es suprimir la modalidad presencial por la telemática. Deben complementarse, no sustituir”, dice el afectado, que ha afirmado haber trabajado durante más de 30 años en la administración pública.

“Lo que no puede ser es que yo esté hablando por teléfono con una oficina que tanga aquí al lado, pregunte si puedo subir a hacer el trámite de forma presencial y me digan que lo haga por internet porque no hay costumbre de atender en persona”, afirma enfadado.